Leonel y MVM pactan salida leyes CNM y TC
Acuerdan observaciones PE se aprueben con 2/3 partes CNSD. Con un acuerdo rubricado ayer por el presidente de la República y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado y sendas comisiones de ambos partidos, con la intermediación de Monseñor Agripino Nuñez Collado, buscaron resolver el impasse existente en el Congreso Nacional con la aprobación de las leyes orgánicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y del Tribunal Constitucional (TC).
Conforme a lo pactado en el caso de que una ley ordinaria sea observada por el Poder Ejecutivo en su totalidad, se deberá conocer nuevamente y ser aprobada por las dos terceras partes de ambas cámaras legislativas. En el caso de no alcanzar la mayoría calificada, esa disposición legal se considerará desestimad.
En tanto, que si las observaciones son parciales deberán ser aprobadas por las dos terceras partes y si no se logra la mayoría calificada en ambas cámaras y se obtiene en mayoría ordinaria, dichas observaciones se considerarán aceptadas.
En observaciones parciales o totales del Poder Ejecutivo a leyes orgánicas, se establece que deberán ser aprobadas por las dos terceras partes de cada cámara para considerarse Ley, y en el caso de no lograr la mayoría calificada, se considerará que ésta ha sido desestimada, conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución.
El acuerdo suscrito ayer por Fernández y Vargas tiene una glosa o nota al margen, en la que queda establecido que el Presidente ha convenido esa solución "con el objetivo altruista de lograr el acuerdo global de las partes", pero que su opinión personal sigue siendo de que en el caso de las leyes orgánicas, si éstas no han sido ratificadas por el Congreso Nacional con la mayoría absoluta en cada hemiciclo, las observaciones quedan acogidas.
También acordaron que la Cámara de Diputados publique hoy en un diario de circulación nacional la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura (No. 132-11) y que el Presidente someta al Congreso Nacional el nuevo proyecto consensuado a los fines de derogar la Ley anterior y cualquier otra disposición legal que sea contraria.
Fernández, dentro de las 48 horas de la firma del acuerdo, retirará las observaciones hechas a la Ley sobre el Tribunal Constitucional y Procedimientos Constitucionales, la promulgará y se publicará en un diario nacional.
Luego de 24 horas de esa publicación, el Poder Ejecutivo someterá al Congreso Nacional la modificación de la Ley sobre el Tribunal Constitucional y Procedimientos Constitucionales.
A los fines de dar cumplimiento a lo pactado, Fernández y Vargas designaron sendas comisiones de seguimiento del PLD y PRD.
Al justificar el pacto, Fernández dijo que al "desbloquear" el impasse, se procederá a convocar al CNM para escoger a los integrantes del Tribunal Superior Electoral (TSE), la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Constitucional (TC). Además, establecerán un protocolo para futuras observaciones del Poder Ejecutivo.
Informó que someterá las nuevas leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, una nueva ley sobre sistema de inteligencia y una modificación a la Ley de Drogas, entre otros proyectos.
Sobre el TC
Sobre la Ley orgánica del TC, se establece que el CNM dispondrá cual de ellos lo presidirá. El CNM elegirá el primer y segundo sustituto. Acordaron que un juez del TC debe tener entre 35 y 75 años. Mientras que en el CNM se aprobó el voto calificado del Presidente en caso de empate y que podrán sesionar con un mínimo de 6 miembros, decidiendo 5 de ellos.
Juristas destacan trascendencia de pacto sobre CNM y Tribunal Constitucional
El pacto firmado entre el presidente Leonel Fernández y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, despeja el camino en el impasse que ha impedido poner en vigencia las principales figuras jurídicas creadas por la Constitución.
Los juristas Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, y Eduardo Jorge Prats, experto en Derecho Constitucional, califican la decisión como trascendental.
"Se le buscó una solución honorable al problema", dijo Castaños, quien recordó que la diferencia era en cuanto a la interpretación del debate constitucional.
Manifestó que es un paso importante dado por la clase política.
Mientras que Jorge Prats sostiene que el pacto reivindica el principio de la mayoría y la democracia de consenso.
Al mismo tiempo, dijo que se fortalece el Tribunal Constitucional, con una ley que responde al estatuto constitucional.
"Es la segunda vez que se demuestra que la democracia y el estado constitucional se construye en consenso", destacó.
Conforme a lo pactado en el caso de que una ley ordinaria sea observada por el Poder Ejecutivo en su totalidad, se deberá conocer nuevamente y ser aprobada por las dos terceras partes de ambas cámaras legislativas. En el caso de no alcanzar la mayoría calificada, esa disposición legal se considerará desestimad.
En tanto, que si las observaciones son parciales deberán ser aprobadas por las dos terceras partes y si no se logra la mayoría calificada en ambas cámaras y se obtiene en mayoría ordinaria, dichas observaciones se considerarán aceptadas.
En observaciones parciales o totales del Poder Ejecutivo a leyes orgánicas, se establece que deberán ser aprobadas por las dos terceras partes de cada cámara para considerarse Ley, y en el caso de no lograr la mayoría calificada, se considerará que ésta ha sido desestimada, conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución.
El acuerdo suscrito ayer por Fernández y Vargas tiene una glosa o nota al margen, en la que queda establecido que el Presidente ha convenido esa solución "con el objetivo altruista de lograr el acuerdo global de las partes", pero que su opinión personal sigue siendo de que en el caso de las leyes orgánicas, si éstas no han sido ratificadas por el Congreso Nacional con la mayoría absoluta en cada hemiciclo, las observaciones quedan acogidas.
También acordaron que la Cámara de Diputados publique hoy en un diario de circulación nacional la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura (No. 132-11) y que el Presidente someta al Congreso Nacional el nuevo proyecto consensuado a los fines de derogar la Ley anterior y cualquier otra disposición legal que sea contraria.
Fernández, dentro de las 48 horas de la firma del acuerdo, retirará las observaciones hechas a la Ley sobre el Tribunal Constitucional y Procedimientos Constitucionales, la promulgará y se publicará en un diario nacional.
Luego de 24 horas de esa publicación, el Poder Ejecutivo someterá al Congreso Nacional la modificación de la Ley sobre el Tribunal Constitucional y Procedimientos Constitucionales.
A los fines de dar cumplimiento a lo pactado, Fernández y Vargas designaron sendas comisiones de seguimiento del PLD y PRD.
Al justificar el pacto, Fernández dijo que al "desbloquear" el impasse, se procederá a convocar al CNM para escoger a los integrantes del Tribunal Superior Electoral (TSE), la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Constitucional (TC). Además, establecerán un protocolo para futuras observaciones del Poder Ejecutivo.
Informó que someterá las nuevas leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, una nueva ley sobre sistema de inteligencia y una modificación a la Ley de Drogas, entre otros proyectos.
Sobre el TC
Sobre la Ley orgánica del TC, se establece que el CNM dispondrá cual de ellos lo presidirá. El CNM elegirá el primer y segundo sustituto. Acordaron que un juez del TC debe tener entre 35 y 75 años. Mientras que en el CNM se aprobó el voto calificado del Presidente en caso de empate y que podrán sesionar con un mínimo de 6 miembros, decidiendo 5 de ellos.
Juristas destacan trascendencia de pacto sobre CNM y Tribunal Constitucional
El pacto firmado entre el presidente Leonel Fernández y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, despeja el camino en el impasse que ha impedido poner en vigencia las principales figuras jurídicas creadas por la Constitución.
Los juristas Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, y Eduardo Jorge Prats, experto en Derecho Constitucional, califican la decisión como trascendental.
"Se le buscó una solución honorable al problema", dijo Castaños, quien recordó que la diferencia era en cuanto a la interpretación del debate constitucional.
Manifestó que es un paso importante dado por la clase política.
Mientras que Jorge Prats sostiene que el pacto reivindica el principio de la mayoría y la democracia de consenso.
Al mismo tiempo, dijo que se fortalece el Tribunal Constitucional, con una ley que responde al estatuto constitucional.
"Es la segunda vez que se demuestra que la democracia y el estado constitucional se construye en consenso", destacó.
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